Revocan Censura previa a la Demográfica por información sobre anticoncepción de emergencia
 

Aunque está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Costa Rica es signataria desde 1968, el uso de la censura previa se transformó, en los últimos meses, en un instrumento utilizado por diversos sectores que pretenden silenciar los esfuerzos informativos sobre la salud sexual y la salud reproductiva desarrollados por la Asociación Demográfica Costarricense (ADC).

El 28 de octubre del 2008, la ADC recibió una orden de la Oficina de Control de Propaganda, una dependencia del Ministerio de Gobernación, para suspender, de inmediato, la difusión de un corto informativo, difundido por una emisora de radio, relacionado con la anticoncepción de emergencia.

El mensaje informativo, decía: “¿Durante dos o más días olvidó tomarse la pastilla?. Queda una opción: usa anticoncepción de emergencia”.

Frente a la orden de la Oficina de Control de Propaganda, a todas luces ilegal e inconstitucional, la ADC se vio obligada a interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Ministerio de Gobernación. Ambos recursos destacaron, entre otras cosas, el carácter arbitrario del acto de la administración, en especial por su falta de fundamentación y porque, en esencia, ni el Estado ni sus funcionarios tienen facultades para ejercer censura previa sobre la información difundida en Costa Rica.

La gestión de la ADC salió victoriosa pues el Ministerio de Gobernación, en una resolución dictada el  mes de enero del año 2009 declaró que la Oficina de Control de Propaganda carecía de competencia para actuar como actuó, al resolver el recurso de apelación.

La ADC tiene una política muy clara de información a la población sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que no puede ser restringida por el Estado de ninguna forma y, mucho menos, de manera previa. Toda acción de represión posterior el Estado estaría obligado a realizarla dentro del procedimiento del debido proceso. Consecuencia de ello, la Oficina de Control de Propaganda carece de facultades para ordenar el cese de la difusión de mensajes informativos.

 
 
 
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